(LPR), El 15 de septiembre de 1980, el “Proceso de Reorganización Nacional” promulgó el decreto ley 22.285: Ley de Radiodifusión. Una vez más, como había sucedido por más de veinte años, una dictadura legislaba sobre los medios de comunicación y el espacio radioeléctrico.
A casi 28 años de esa fecha, se ha podido avanzar en muchos aspectos del legado militar; sin embargo, la 22.285 pareció un reducto intocable. Tan es así, que durante años fue un tema que solamente interesaba a algunos pocos estudiantes de comunicación y otros tantos comunicadores no alineados a las grandes empresas. Hace 4 años, todos los debates, los escritos y las propuestas (hay también una historia de proyectos de ley que caducaron en este período) comenzaron a cobrar forma política. Las radios comunitarias, asociadas ya sea a FARCO, o a otras entidades tenían esta preocupación, y muchísimas organizaciones sociales tenían en su agenda este tema, lo mismo que investigadores, docentes universitarios, intelectuales y trabajadores de los medios (técnicos, comunicadores y artistas). Para su trabajo se propusieron un slogan sencillo y disparador de muchísimas ideas: “Para la Democracia, una ley de la Democracia”.
Años más tarde surgen los famosos 21 puntos. Por ejemplo, aquí se propone que no solamente la sociedades comerciales sean los únicos con acceso a antena ¿y las organizaciones, las escuelas, las cooperativas, las iglesias?, ¿por qué para acceder a una radio tienen que conseguir permisos excepcionales? Con esto queremos decir que el contenido para la nueva Ley propuesta por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, debería ser un derecho ya en ejercicio. Suena increíble que a 28 años, el COMFER deba estar intervenido porque el marco regulatorio establece que su dirección debe estar conformada por miembros de las Fuerzas Armadas. Y partiendo de esta realidad, el resto del horror de una reglamentación totalitaria.
Hoy, lograr que la nueva ley se sancione obliga a todos los miembros de organizaciones y medios comunitarios, afectados directamente, a llevar adelante una campaña con mucho de pedagogía. Por más que en nuestro trabajo cotidiano vemos cercenado el derecho a la comunicación, es fundamental comprender que a la sociedad en su conjunto le ha sido sistemáticamente violado este derecho. El principal problema a que nos enfrentamos es el cerco informativo y educativo construido por el Estado y las empresas que controlan la comunicación social. Los vecinos, las vecinas, jóvenes y adultos desconocen su “Derecho a la comunicación”. Han sido educados y formados bajo un régimen de medios donde la concentración de propiedad y la consideración de este patrimonio cultural como mercancía fue y es lo normal, e incluso lo deseable.
Conscientes de este fenómeno, quienes formamos parte de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, desde los medios comunitarios, desde la docencia, desde nuestro rol de militantes; debemos tener presente que instalar el tema en la agenda pública necesita construir redes de información, comunicación y educación que aborden el tema y permitan al grueso de la población conocer su derecho a comunicar. Hoy, la comunicación es un bien privado, queremos que sea un patrimonio cultural, un servicio público y democrático. En el Movimiento por la Carta Popular, el espacio de las organizaciones sociales que luchan por la democracia participativa, construimos, desde la práctica, otra comunicación: un Plurimedio para la democracia participativa, con jóvenes, vecinos y vecinas emitiendo y decidiendo sobre los mensajes, con comunicadores discutiendo políticas de comunicación comunitaria desde las organizaciones, valorizando la cultura popular y asumiendo el rol educativo y formador que poseen los medios de comunicación. Por todo esto, y por el desafío que se acerca, sostenemos que para la Democracia, queremos una ley de la Democracia.
Plurimedio La Posta Regional Comunicación - Movimiento Carta Popular
