En todos los diarios del país ya se ha hablado de las reuniones que mantuvo la Presidenta con diversas entidades periodísticas, sindicales, de actores, productores, universidades, etc. Pero no en todos se han contado de la misma manera las intenciones de la nueva ley, y de la Coalición por una Radiodifusión Democrática (creada a principios del año 2003); mucho menos de los 21 puntos presentados en el Ejecutivo y difundidos públicamente por los integrantes de la Coalición.
¿Por qué en la televisión abierta, casi no se ha tratado el tema con la importancia que lo amerita? ¿Habrá temor en los grupos oligopólicos que controlan la información de que la gente sepa de que se trata la comunicación en la Argentina?
Muchos critican el rol del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), pero nadie aclaró que uno de los artículos a derogar es el que constituye a este organismo alejado del ámbito Parlamentario (y que en la ley dice que debería estar formado por miembros de las Fuerzas Armadas) ¿O acaso no llama la atención que se hable del “interventor” del Comité?
El diario Clarín, en una nota publicada el domingo 4 de mayo, arranca preguntándose qué se esconde detrás del debate por la ley y cuestiona la crítica hecha a la legislación de la dictadura, diciendo que es muy poco lo que queda de ella tras las modificaciones sufridas, a pesar de que aún está firmada por Videla y Cía. En este caso, pero en otra edición, incluyen el testimonio de Henoch Aguiar (otrora a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones durante el gobierno de De la Rua) que dijo: "sería impropio decir que vamos a modificar esa ley, porque ya ha sido modificada por 207 normas sancionadas durante todos los gobiernos democráticos, el problema es la falta de cumplimiento de la ley”. Es verdad, lástima que en esas modificaciones no intervino el Congreso ni la sociedad civil, sino que fueron decretos de necesidad y urgencia. Lo que no aclara la nota es que las modificaciones hechas beneficiaron, en todo caso, a las empresas que se pedían esos cambios (Clarín, Telefónica, Vila/Manzano, etc) y el control de la información en pocas manos. Estos cambios, realizados principalmente durante la década menemista, pero también por De la Rúa y Kirchner (este último extendió prórrogas a las licencias de radiodifusión), no hicieron más que centralizar y concentrar el área. La nota también dice que la Ley de Radiodifusión no fue objeto de ningún discurso durante la campaña de Cristina Kirchner, aunque sí fue parte de su proyecto de gobierno lanzado el año pasado, antes de las elecciones, como lo indica la plataforma electoral (ver enlace)
Es evidente el desconocimiento de la situación que demuestran los periodistas de ese medio, cuando en otra edición afirmaron que a instancias del Gobierno, fue conformada la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Esto lo dice en el marco de las reuniones que Cristina Fernández mantenía con gremios, CTA, CGT o ADEPA. La Coalición comenzó a reunirse en 2003, y algunos de sus integrantes tenían una notoria cercanía con el Gobierno de Néstor Kirchner, pero su formación no tuvo que ver con el gobierno, y aún más, debieron esperar este mandato de Cristina para obtener atención y respuestas a su proyecto. Es más, la Coalición fue crítica con las política de comunicación de ese período.
Por otra parte, un día antes (3 de mayo), el diario La Nación decía en su editorial algo parecido a Clarín respecto a la ley de la Dictadura ya modificada, pero por lo menos aclara que eso no implica que la ley no pueda ser mejorada. También agrega que “debería evitarse avanzar sobre algunos de los 21 puntos (…) no debería avanzarse sobre los derechos de los licenciatarios a transferir sus licencias, ya que esto coartaría la posibilidad de un empresario de capitalizar su éxito o paliar su fracaso. Tampoco parece aconsejable que se fijen criterios de cuotificación de contenidos y la obligatoriedad de asignación de inversiones”. Evidencia su oposición a la ley alegando que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.
En respuesta a esto, el diario Página/12, al día siguiente, dijo que se pueden cuestionar las razones del gobierno para querer modificar la ley, pero que es más grave negar la necesidad de un cambio en la legislación. La nota también asegura que la igualdad y el pluralismo son esenciales para la construcción de la ciudadanía y de los medios, para poder “acceder a un abanico de voces y escoger entre ellas, elaborar su propio menú, discernir verdades parciales, espigar versiones de la realidad. Las organizaciones sociales, nervio del sistema, no pueden ser acalladas ni privadas de expresarse”.
El diario Crítica fue uno de los más equilibrados al hablar del proyecto para la nueva Ley de Radiodifusión: “Por qué el Gobierno tardó tanto y por qué sus pasos anteriores en la materia (renovación de las licencias por diez años y aprobación del cuasi monopolio del cable) fueron en la dirección opuesta es motivo de una discusión, no menos importante que ésta. Pero lo cierto es que es necesario cambiar la Ley: hay que participar del debate y garantizar una normativa democrática y moderna”.
En el mismo diario, Miguel Bonasso aclara el hecho de que no existen medios públicos o privados, sino que todos son públicos porque el espectro radioeléctrico es del Estado, quien designa los prestadores del servicio radiodifusor; una de las cuestiones a las que apunta uno de los 21 puntos, ya que esas frecuencias se deben distribuir democráticamente.
Pero en ninguno de estos medios fueron publicados los 21 puntos en su totalidad, sí fueron comentados (¿o limitados?). Será que a pocos les conviene que una Ley de Comunicación limite los negocios, transparente informaciones, pluralice puntos de vista y de acceso a sectores sociales que hasta ahora no lo han tenido en un marco legal democrático. Falta el proyecto y la sanción, que esperemos respete e incluya la totalidad de los 21 puntos, y que no se retrase, como al parecer ya se ha anunciado (ver enlace)
