(LPR, La Plata).- El anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva toda la impronta del documento gestor de los 21 puntos: apertura al debate, construcción colectiva consensuada, participación popular, pluralidad de voces, valorización del rol del Estado, puesta en escena de los actores de la sociedad civil, movilización popular, etc.
La propuesta que puede descargarse desde el sitio de la Secretaria de Medios contiene las reivindicaciones de la mayoría de la sociedad argentina. Así, en el Teatro Argentino, la Presidenta anunciaba lo que era lo proclama más ovacionada: 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro.
Quizás sea esta la clave para asegurar el Derecho a la Comunicación. Muchas condiciones son importantes, pero la ratificación en el discurso presidencial de esta necesidad de la sociedad argentina de acceder a la emisión, es punto de inflexión para pensar otra comunicación y otra democracia más participativa.
Leyendo la propuesta, ya su artículo primero promueve la desconcentración de los mecanismo de comunicación. Además, se la considera, incorporando el Pacto de San José de Costa Rica (que desde 1994 forma parte de la Constitución pero casi nunca se ha aplicado) de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población. Se crea la figura de audiencias públicas participativas, el derecho a la información, la libertad de expresión y todas las recomendaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la última Cumbre de la Sociedad de la Información.
Por su parte, los antes llamados servicios complementarios, ahora denominados “servicios conexos” también serán regulados. Nuestro país posee un desarrollo inédito en algunas tecnologías de la comunicación, sobre todo en lo referente a la televisión por cable. La penetración de este sistema de televisión paga está sólo por debajo de Estados Unidos en el plano mundial, y en nuestro país es monopolizado por una sola empresa, que además, posee licencias de televisión, radio, servicios de internet, portales, productoras, etc, etc. Por todo esto, no es casual que cualquier avance en la democratización de la comunicación sea percibido como un ataque al Grupo Clarín, aunque en el fondo, este este holding empresarial el que cercena el Derecho a la Comunicación. Queda establecida, además, la gratuidad de la recepción de la radiofusión y la incorporación de normativas en lo referente a las nuevas tecnologías.
Un órgano de aplicación de la Democracia
Gabriel Mariotto, actual interventor del COMFER, intelectual y militante de la comunicación popular desde siempre, fue quien antecedió a las palabras de la Presidenta Fernández. En su discurso, explicaba con orgullo a las más de 2000 mil asistentes que va a ser el “último interventor del COMFER”. El proyecto oficial preve la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estará integrada por miembros designados por el Poder Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo propuesto por una Comisión Bicameral del Congreso. De este modo, el nuevo organismo incorpora la pluralidad política de todo el arco partidario con representación parlamentaria.
En un claro avance en la democratización de la Comunicación, tendrá su corolario con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que contará con representantes provinciales, de los sectores prestadores comerciales, de las entidades prestadoras sin fines de lucro, de las universidades, de los medios públicos, y de los trabajadores de la comunicación. Ninguna legislación en la historia de nuestro país a incorporado a todos los sectores sociales a debatir y consensuar la Comunicación Social de la Nación. El Estado pasa, de ser un órgano restrictivo y censor, a ser “garante del Derecho a la Comunicación” institucionalizando la participación en la dirección y toma de decisiones políticas de todos los sectores sociales.
Construcción de identidad y generación de recursos
El último apartado clave para destacar es el referente a las cuotas de pantalla y emisión. Allí se establece normas que fomentan la producción nacional, la emision de cine argentino, la limitación a la transmisión en cadenas para fomentar la producción regional y la fijación de bandas de publicidad que permitirán diferenciar las tandas de la programación evitando el exceso espacios publicitarios en desmedro de la programación.
Las primeras repercusiones
El primer hecho saludado es que el anteproyecto no será solamente una inciativa oficial. Su espíritu basado en los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación (documento en el que han participado todos los sectores que deseaban hacerlo, y se han autoexcluidos otros), la metodología de creación apostando a un espacio multisectorial, su difusión por medios radiales, gráficos y televisivos, y, sobre todo, la puesta en discusión en todo el país mediante asambleas y foros permitirá que la gran mayoría de la población se empape y discuta esta nueva ley. Para el funcionamiento de una Democracia Participativa, ampliar la discusión política a un ámbito que sea mucho más grande que el Congreso Nacional (que es necesario, pero no el único para participar) es garantía de que una nueva concepción de la política, que ha nacido desde la misma base de la sociedad va ganando espacio en el Estado. Que el Gobierno Nacional tome la voz de una movida social, que a su vez la perfeccione y le agregue nuevos aspectos y que, nuevamente, sea debatida en todo el país es una medida que saludamos. De este modo, la propuesta de Ley que se debatirá en 60 días será lo mejor que nuestra sociedad pueda concebir, y no lo que unos pocos privilegiados decidan desde sus escritorios.
Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) salieron las primeras voces de alegría frente a este primer paso gran paso para una nueva Ley. En ese sentido, Daniel Fossaroli, el “Pollo” de Rosario actual presidente de FARCO, resaltaba que se abre la posibilidad de que la producción local pueda ser ahora una realidad para toda la población argentina. Que “trabajadores de prensa, comunicadores y no comunicadores puedan ejercer un derecho y un servicio en cada lugar del país”, enfatizaba quien, además, fue fundador de FM Aire Libre en la ciudad santafesina.
Para Nestor Busso, uno de los principales referentes de la comunicación popular, lo vivido en el Tetaro fue de “mucha alegría”, ya que “la bandera histórica de FARCO en relación a reservar un tercio del espacio radioelectrico para las organizaciones libres del pueblo, estuvo en boca de la Presidenta”. Además, resaltó que incluso está escrito en la Propuesta de Ley, lo da muestra que los cambios son posibles. Para finalizar, quién es tambien Vicepresidente de ALER, afirmó que no se trata de una defensa corportativa de las radios comunitarias, sino que “queremos otro modelo de comunicación porque queremos otro modelo de país”. Por este motivo, es más importante que ley designe a las asociaciones sin fines de lucro, y no solamente a las radios comunitarias.
Lo que se viene
En lo referente al proceso que llevará a que la Ley sea debatida en el Congreso, a lo largo y ancho del país se generarán Foros Públicos donde se pondrá la propuesta a consideración de toda la comunidad en general, donde los aportes que sean vertidos se incluya en la versión final que ingrese al Parlamento. Aquí será clave el rol que la ciudadanía juegue en su conjunto para defender sus derechos y su identidad nacional.
Al mismo tiempo, otra batalla se librará en los medios de comunicación comerciales. Luego de 48 horas en los que se trató de evadir la noticia, o de disfrazar la propuesta como un capricho presidencial, se inció la estrategia mediática que tiende a desligitimar la propuesta.
El primer atisbo fue publicación como noticia de la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que nuclea a los dueños de las cadenas de medios, de un documento que expresa, sin pruebas, un supuesto conflicto con los medios de comunicación y la libertad de prensa en nuestro país.
Guillermo Mastrini (docente e investigador de la UBA caracterizando a la SIP)
Ahora, la apuesta es más fuerte, y tiende a igualar esta nueva propuesta de Ley con la normativa dictatorial. Se tratará ahora, de una disputa por el sentido de la democracia, de la comunicación, de los derechos. En este tiempo los grandes medios intentarán instalar sus intereses sectoriales como los grandes temas nacionales, aparecerán análisis incompletos y fragmentados, se dará pantalla a grandes defensores de la comunicación privada y restrictiva, y se dirá que cualquier regulación de la comunicación es censura. Faltarán los analisis profundos, la legislación comparada, la voz de especialistas, trabajadores de medios, comunicadores y comunicadoras. También será consultadas las personas que salen de trabajar de sus oficinas en las grandes ciudades, pero no transmitirán la opinion de miles y miles de ciudadanos que acceden a las radios comunitarias para realizar sus programas.
Seguramente ellos, los grandes medios, presentarán la Ley como un avance sobre la libertad de prensa, y a la Coalición por una Radiofusión Democrática se la nombrará entrecomillada, peyorativamente y subsidiaria del kirchnerismo, desconociendo el proceso de unidad popular construido.
Para la sociedad en su conjunto, hay un doble desafío: en el territorio, en las calles, en los Foros. Pero también en los medios, en los propios y en los ajenos, construyendo una identidad propia, popular, plural y participativa, de calidad y al servicio de la comnunidad. De eso depende que la nueva Ley se haga realidad.
Audios gentileza de FARCO, click para descargar
Cristina Fernández
Mariotto
Fossaroli
Busso
La propuesta que puede descargarse desde el sitio de la Secretaria de Medios contiene las reivindicaciones de la mayoría de la sociedad argentina. Así, en el Teatro Argentino, la Presidenta anunciaba lo que era lo proclama más ovacionada: 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro.
Quizás sea esta la clave para asegurar el Derecho a la Comunicación. Muchas condiciones son importantes, pero la ratificación en el discurso presidencial de esta necesidad de la sociedad argentina de acceder a la emisión, es punto de inflexión para pensar otra comunicación y otra democracia más participativa.
Leyendo la propuesta, ya su artículo primero promueve la desconcentración de los mecanismo de comunicación. Además, se la considera, incorporando el Pacto de San José de Costa Rica (que desde 1994 forma parte de la Constitución pero casi nunca se ha aplicado) de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población. Se crea la figura de audiencias públicas participativas, el derecho a la información, la libertad de expresión y todas las recomendaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la última Cumbre de la Sociedad de la Información.
Por su parte, los antes llamados servicios complementarios, ahora denominados “servicios conexos” también serán regulados. Nuestro país posee un desarrollo inédito en algunas tecnologías de la comunicación, sobre todo en lo referente a la televisión por cable. La penetración de este sistema de televisión paga está sólo por debajo de Estados Unidos en el plano mundial, y en nuestro país es monopolizado por una sola empresa, que además, posee licencias de televisión, radio, servicios de internet, portales, productoras, etc, etc. Por todo esto, no es casual que cualquier avance en la democratización de la comunicación sea percibido como un ataque al Grupo Clarín, aunque en el fondo, este este holding empresarial el que cercena el Derecho a la Comunicación. Queda establecida, además, la gratuidad de la recepción de la radiofusión y la incorporación de normativas en lo referente a las nuevas tecnologías.
Un órgano de aplicación de la Democracia
Gabriel Mariotto, actual interventor del COMFER, intelectual y militante de la comunicación popular desde siempre, fue quien antecedió a las palabras de la Presidenta Fernández. En su discurso, explicaba con orgullo a las más de 2000 mil asistentes que va a ser el “último interventor del COMFER”. El proyecto oficial preve la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estará integrada por miembros designados por el Poder Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo propuesto por una Comisión Bicameral del Congreso. De este modo, el nuevo organismo incorpora la pluralidad política de todo el arco partidario con representación parlamentaria.
En un claro avance en la democratización de la Comunicación, tendrá su corolario con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que contará con representantes provinciales, de los sectores prestadores comerciales, de las entidades prestadoras sin fines de lucro, de las universidades, de los medios públicos, y de los trabajadores de la comunicación. Ninguna legislación en la historia de nuestro país a incorporado a todos los sectores sociales a debatir y consensuar la Comunicación Social de la Nación. El Estado pasa, de ser un órgano restrictivo y censor, a ser “garante del Derecho a la Comunicación” institucionalizando la participación en la dirección y toma de decisiones políticas de todos los sectores sociales.
Construcción de identidad y generación de recursos
El último apartado clave para destacar es el referente a las cuotas de pantalla y emisión. Allí se establece normas que fomentan la producción nacional, la emision de cine argentino, la limitación a la transmisión en cadenas para fomentar la producción regional y la fijación de bandas de publicidad que permitirán diferenciar las tandas de la programación evitando el exceso espacios publicitarios en desmedro de la programación.
Las primeras repercusiones
El primer hecho saludado es que el anteproyecto no será solamente una inciativa oficial. Su espíritu basado en los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación (documento en el que han participado todos los sectores que deseaban hacerlo, y se han autoexcluidos otros), la metodología de creación apostando a un espacio multisectorial, su difusión por medios radiales, gráficos y televisivos, y, sobre todo, la puesta en discusión en todo el país mediante asambleas y foros permitirá que la gran mayoría de la población se empape y discuta esta nueva ley. Para el funcionamiento de una Democracia Participativa, ampliar la discusión política a un ámbito que sea mucho más grande que el Congreso Nacional (que es necesario, pero no el único para participar) es garantía de que una nueva concepción de la política, que ha nacido desde la misma base de la sociedad va ganando espacio en el Estado. Que el Gobierno Nacional tome la voz de una movida social, que a su vez la perfeccione y le agregue nuevos aspectos y que, nuevamente, sea debatida en todo el país es una medida que saludamos. De este modo, la propuesta de Ley que se debatirá en 60 días será lo mejor que nuestra sociedad pueda concebir, y no lo que unos pocos privilegiados decidan desde sus escritorios.
Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) salieron las primeras voces de alegría frente a este primer paso gran paso para una nueva Ley. En ese sentido, Daniel Fossaroli, el “Pollo” de Rosario actual presidente de FARCO, resaltaba que se abre la posibilidad de que la producción local pueda ser ahora una realidad para toda la población argentina. Que “trabajadores de prensa, comunicadores y no comunicadores puedan ejercer un derecho y un servicio en cada lugar del país”, enfatizaba quien, además, fue fundador de FM Aire Libre en la ciudad santafesina.
Para Nestor Busso, uno de los principales referentes de la comunicación popular, lo vivido en el Tetaro fue de “mucha alegría”, ya que “la bandera histórica de FARCO en relación a reservar un tercio del espacio radioelectrico para las organizaciones libres del pueblo, estuvo en boca de la Presidenta”. Además, resaltó que incluso está escrito en la Propuesta de Ley, lo da muestra que los cambios son posibles. Para finalizar, quién es tambien Vicepresidente de ALER, afirmó que no se trata de una defensa corportativa de las radios comunitarias, sino que “queremos otro modelo de comunicación porque queremos otro modelo de país”. Por este motivo, es más importante que ley designe a las asociaciones sin fines de lucro, y no solamente a las radios comunitarias.
Lo que se viene
En lo referente al proceso que llevará a que la Ley sea debatida en el Congreso, a lo largo y ancho del país se generarán Foros Públicos donde se pondrá la propuesta a consideración de toda la comunidad en general, donde los aportes que sean vertidos se incluya en la versión final que ingrese al Parlamento. Aquí será clave el rol que la ciudadanía juegue en su conjunto para defender sus derechos y su identidad nacional.
Al mismo tiempo, otra batalla se librará en los medios de comunicación comerciales. Luego de 48 horas en los que se trató de evadir la noticia, o de disfrazar la propuesta como un capricho presidencial, se inció la estrategia mediática que tiende a desligitimar la propuesta.
El primer atisbo fue publicación como noticia de la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que nuclea a los dueños de las cadenas de medios, de un documento que expresa, sin pruebas, un supuesto conflicto con los medios de comunicación y la libertad de prensa en nuestro país.
Guillermo Mastrini (docente e investigador de la UBA caracterizando a la SIP)
Ahora, la apuesta es más fuerte, y tiende a igualar esta nueva propuesta de Ley con la normativa dictatorial. Se tratará ahora, de una disputa por el sentido de la democracia, de la comunicación, de los derechos. En este tiempo los grandes medios intentarán instalar sus intereses sectoriales como los grandes temas nacionales, aparecerán análisis incompletos y fragmentados, se dará pantalla a grandes defensores de la comunicación privada y restrictiva, y se dirá que cualquier regulación de la comunicación es censura. Faltarán los analisis profundos, la legislación comparada, la voz de especialistas, trabajadores de medios, comunicadores y comunicadoras. También será consultadas las personas que salen de trabajar de sus oficinas en las grandes ciudades, pero no transmitirán la opinion de miles y miles de ciudadanos que acceden a las radios comunitarias para realizar sus programas.
Seguramente ellos, los grandes medios, presentarán la Ley como un avance sobre la libertad de prensa, y a la Coalición por una Radiofusión Democrática se la nombrará entrecomillada, peyorativamente y subsidiaria del kirchnerismo, desconociendo el proceso de unidad popular construido.
Para la sociedad en su conjunto, hay un doble desafío: en el territorio, en las calles, en los Foros. Pero también en los medios, en los propios y en los ajenos, construyendo una identidad propia, popular, plural y participativa, de calidad y al servicio de la comnunidad. De eso depende que la nueva Ley se haga realidad.
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Cristina Fernández
Mariotto
Fossaroli
Busso
