(LPR).- El 15 de septiembre de 1980, el dictador Jorge Rafael Videla firmaba el decreto Ley de Radiodifusión. La tristemente célebre 22.285 que rige desde entonces, la radiodifusión en nuestro país. En varios artículos períodisticos (incluso en La Posta Regional) se ha recorrido su carácter represor y retrógado, vedando a la mayoría de la población al Derecho a la Comunicación. Han pasado 25 años de gobiernos democráticos y otros tanto de lucha y organización para cambiar esta herencia pesada de la dictadura. Florecieron las redes de comunicación, las radios comunitarias, las experiencias de televisión barrial, siempre en condiciones precarias porque la legislación era restrictiva, y los gobiernos empecinados en empeorar lo que hicieron los militares para favorecer a grupos económicos que fueron monopolizando áreas de cobertura.
Han pasado y se han encajonados, sin llegar a discutirse en el recinto del Congreso, 73 proyectos de ley. Se han realizado audiencias públicas allá por el 2001, pero todo parecía conducir a procesos impulsados desde arriba, desde lo sectorial (generalmente vinculado a las grandes empresas) que fueron cercenando el Derecho a la Comunicación para todas y todos.
En el año 1989, cuando se decía que el Estado debía estar al servicio del Mercado (y así se reguló en casi todas las áreas), comenzaron las modificaciones al decreto dictatorial. Ya no hacía falta que militares y la inteligencia controlen el acceso a la propiedad o los contenidos, ya que el Mercado podía asegurarlo bajo un discurso que proponía (y aún propone) la libertad (de empresa) en un marco de desigualdad (política y económica).
La tristemente célebre Ley Dromi (la 23696) permitió que los propietarios de medios de comunicación gráfica accedan a licencias de radiodifusión: se abrió la puerta a los multimedios, a quienes al poco tiempo se le entregaron radios y canales de aire.
Es importante recordar que el espectro radioeléctrico, por normas internacionales, es Patrimonio de la Humanidad, y, por lo tanto, potestad del Estado nacional su administración. Durante la década de los ’90, la compra y venta de licencias, fusiones, ingresos de capitales extranjeros, no sólo era moneda corriente, sino que se publicitaba como señal de crecimiento. La radio y la televisión comenzaron a construir un discurso único de mercado que fue ratificado en un decreto a posteriori que daba entidad legal a todas las operaciones de traspaso de licencias (que hasta ese momento la ley no permitía). Parece oportuno destacar que el traspaso de licencias no debería ser una cuestión a resolver entre privados, ya que al referirnos a las frecuencias como recurso estatal, su acceso se hace mediante concurso y presentación de avales y proyectos. En este proceso, es el Estado quien tiene la potestad de otorgar licencias. Durante los 90, esa decisión pasó a ser una decisión de las empresas, quienes se repartían acciones de acuerdo a las conveniencias económicas.
Por último, la década menemista nos dejó su “herencia” más fuerte. El decreto 1005 del año 1999 que adecuaba la legislación a las necesidades de las empresas para ratificar la radiodifusión como un negocio para unos pocos. Los cambios producidos han tenido y tienen un efecto en la cultura nacional que al día de hoy sigue impactando en la sociedad. Ya no era necesaria que la publicidad sea de producción nacional, ni que haya un código de ética en las emisiones. Además, un mismo dueño tenía la potestad ser licenciatario de una radio y un canal de televisión por provincia (permitiendo que un mismo mensaje sea transmitido en cadena las 24 horas). Al mismo tiempo, se permite que no se considere publicidad a los avances de programas, pudiendo manipular la grilla a su antojo sin tener en cuenta los derechos de los usuarios.
El período que va del año ’99 al 2003 nos da la pauta de algunas leyes que fueron regulando el funcionamiento de los medios comerciales para que puedan sobrevivir a la crisis económica. Para esto se eliminaban gravámentes, o directamente se los excluía de la ley de quiebras.
El inicio del tramo que va del 2003 hacia la actualidad no comenzó con el mejor panorama, cuando en 2005 se prolongaron las licencias a los ya adjudicatarios “para amortizar las pérdidas por la crisis”. Sin embargo, se produjo un cambio cualitativo en lo referente a la disputa por la normativa de comunicación. Hasta ese momento, las empresas de comunicación que habían formado monopolios u oligopolios en sus áreas de cobertura contaban con una sólida estrategia de lobby y presión. Por otra parte, el resto de la sociedad y de los actores vinculados a la comunicación (pequeños radiodifusores, carreras universitarias de comunicación, radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de la comunicación, productores y realizadores, organismos de derechos humanos) habían realizado acciones de modo disperso y siempre con resultado negativo, en una notoria posición de desigualdad de poder.
No es casual, entonces, que en el 2004 comience el trabajo de articulación de toda la sociedad civil. Como dijera Néstor Busso (Secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias), un espacio en el “estamos todos menos los monopolios. Todos menos cuatro: loscuatro que tienen el 80% de los medios”, se constituyó como la Coalición por una Radiodifusión Democrática, redactó los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación” y comenzó a tener impacto la agenda institucional del gobierno. El primer resultado fue la sanción de la ley que modificaba el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, habilitando a las personas jurídicas sin fines de lucro a que se les reconozcan sus licencias. Esto permitió que algunas radios comunitarias pudiesen acceder a permisos provisorios, pero no solucionó la cuestión de fondo.
La reunión que mantuvo la Coalición por una Radiodifusión Democrática a incios del 2008 con la Presidenta Cristina Fernández y el compromiso de presentar un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el puntapié. La ratificación de este anuncio, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1 de Marzo, y la consagración en una Propuesta de Ley basada en los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”, donde se incluye la legislación comparada más democrática y plural de todo el mundo, es el inicio de la recta final de una lucha que lleva casi 26 años.
Han pasado y se han encajonados, sin llegar a discutirse en el recinto del Congreso, 73 proyectos de ley. Se han realizado audiencias públicas allá por el 2001, pero todo parecía conducir a procesos impulsados desde arriba, desde lo sectorial (generalmente vinculado a las grandes empresas) que fueron cercenando el Derecho a la Comunicación para todas y todos.
En el año 1989, cuando se decía que el Estado debía estar al servicio del Mercado (y así se reguló en casi todas las áreas), comenzaron las modificaciones al decreto dictatorial. Ya no hacía falta que militares y la inteligencia controlen el acceso a la propiedad o los contenidos, ya que el Mercado podía asegurarlo bajo un discurso que proponía (y aún propone) la libertad (de empresa) en un marco de desigualdad (política y económica).
La tristemente célebre Ley Dromi (la 23696) permitió que los propietarios de medios de comunicación gráfica accedan a licencias de radiodifusión: se abrió la puerta a los multimedios, a quienes al poco tiempo se le entregaron radios y canales de aire.
Es importante recordar que el espectro radioeléctrico, por normas internacionales, es Patrimonio de la Humanidad, y, por lo tanto, potestad del Estado nacional su administración. Durante la década de los ’90, la compra y venta de licencias, fusiones, ingresos de capitales extranjeros, no sólo era moneda corriente, sino que se publicitaba como señal de crecimiento. La radio y la televisión comenzaron a construir un discurso único de mercado que fue ratificado en un decreto a posteriori que daba entidad legal a todas las operaciones de traspaso de licencias (que hasta ese momento la ley no permitía). Parece oportuno destacar que el traspaso de licencias no debería ser una cuestión a resolver entre privados, ya que al referirnos a las frecuencias como recurso estatal, su acceso se hace mediante concurso y presentación de avales y proyectos. En este proceso, es el Estado quien tiene la potestad de otorgar licencias. Durante los 90, esa decisión pasó a ser una decisión de las empresas, quienes se repartían acciones de acuerdo a las conveniencias económicas.
Por último, la década menemista nos dejó su “herencia” más fuerte. El decreto 1005 del año 1999 que adecuaba la legislación a las necesidades de las empresas para ratificar la radiodifusión como un negocio para unos pocos. Los cambios producidos han tenido y tienen un efecto en la cultura nacional que al día de hoy sigue impactando en la sociedad. Ya no era necesaria que la publicidad sea de producción nacional, ni que haya un código de ética en las emisiones. Además, un mismo dueño tenía la potestad ser licenciatario de una radio y un canal de televisión por provincia (permitiendo que un mismo mensaje sea transmitido en cadena las 24 horas). Al mismo tiempo, se permite que no se considere publicidad a los avances de programas, pudiendo manipular la grilla a su antojo sin tener en cuenta los derechos de los usuarios.
El período que va del año ’99 al 2003 nos da la pauta de algunas leyes que fueron regulando el funcionamiento de los medios comerciales para que puedan sobrevivir a la crisis económica. Para esto se eliminaban gravámentes, o directamente se los excluía de la ley de quiebras.
El inicio del tramo que va del 2003 hacia la actualidad no comenzó con el mejor panorama, cuando en 2005 se prolongaron las licencias a los ya adjudicatarios “para amortizar las pérdidas por la crisis”. Sin embargo, se produjo un cambio cualitativo en lo referente a la disputa por la normativa de comunicación. Hasta ese momento, las empresas de comunicación que habían formado monopolios u oligopolios en sus áreas de cobertura contaban con una sólida estrategia de lobby y presión. Por otra parte, el resto de la sociedad y de los actores vinculados a la comunicación (pequeños radiodifusores, carreras universitarias de comunicación, radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de la comunicación, productores y realizadores, organismos de derechos humanos) habían realizado acciones de modo disperso y siempre con resultado negativo, en una notoria posición de desigualdad de poder.
No es casual, entonces, que en el 2004 comience el trabajo de articulación de toda la sociedad civil. Como dijera Néstor Busso (Secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias), un espacio en el “estamos todos menos los monopolios. Todos menos cuatro: loscuatro que tienen el 80% de los medios”, se constituyó como la Coalición por una Radiodifusión Democrática, redactó los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación” y comenzó a tener impacto la agenda institucional del gobierno. El primer resultado fue la sanción de la ley que modificaba el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, habilitando a las personas jurídicas sin fines de lucro a que se les reconozcan sus licencias. Esto permitió que algunas radios comunitarias pudiesen acceder a permisos provisorios, pero no solucionó la cuestión de fondo.
La reunión que mantuvo la Coalición por una Radiodifusión Democrática a incios del 2008 con la Presidenta Cristina Fernández y el compromiso de presentar un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el puntapié. La ratificación de este anuncio, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1 de Marzo, y la consagración en una Propuesta de Ley basada en los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”, donde se incluye la legislación comparada más democrática y plural de todo el mundo, es el inicio de la recta final de una lucha que lleva casi 26 años.
